El 20 de junio de 2023, en el marco del Día de la Bandera, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro, participó del plenario extraordinario de rectoras y rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizado en la ciudad de Rosario. La reunión se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La mesa de apertura estuvo integrada por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; el rector de la universidad anfitriona, UNR, Franco Bartolacci; el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa; y el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin.
Luego de los discursos de apertura se procedió a firmar un documento consensuado, “La Educación Pública debe ser una prioridad de los próximos gobiernos” (ver abajo).
Antes de finalizar la jornada, luego de haber tratado distintos temas, el plenario aprobó un comunicado para expresar preocupación «por los graves sucesos que se dan en Jujuy en el marco de las protestas y peticiones ante las autoridades provinciales».
La Educación Pública debe ser una prioridad de los próximos gobiernos
Las rectoras y los rectores reunidos en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera y honrando a su creador Manuel Belgrano, manifestamos nuestra convicción en la educación pública como uno de los pilares básicos de la Nación argentina, siendo parte fundamental de su sello distintivo y su impronta más profunda desde los tiempos de su constitución y organización como país independiente. Fue el mismo Belgrano quien dio el ejemplo de este ideario al donar el reconocimiento monetario a sus esfuerzos como general para la construcción de cuatro escuelas en distintos puntos de nuestra geografía, al mismo tiempo que promovió la creación de diversas academias profesionales.
La instrucción pública argentina se desarrolló desde entonces, cuando pocos Estados del mundo destinaban recursos y esfuerzos a educar al soberano, creando y fortaleciendo una identidad nacional que ofreció una plataforma de dignidad, crecimiento y posibilidad de ascenso social a todos los habitantes del suelo argentino. La Ley N° 1.420 de educación común, obligatoria y gratuita, sancionada en 1884, expresó con total claridad esta prioridad política que fue acompañada por una importante inversión en infraestructura educativa y, también, el destino de fondos para la formación de maestras y maestros.
En víspera de los cuarenta años del inicio de un periodo de construcción democrática ininterrumpido, y frente a un nuevo proceso electoral de recambio de autoridades en todas las jurisdicciones del país, las rectoras y los rectores de universidades públicas nacionales y provinciales queremos expresar nuestra profundo convencimiento en que las dificultades que viene atravesando nuestro país desde hace décadas solo se podrán revertir con más y mejor educación pública para nuestras/os niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Por el contrario, impulsar políticas excluyentes y mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable del cual el Estado nacional pueda ser prescindente condena al país a incrementar las desigualdades, el atraso y la exclusión de vastos sectores sociales.
Es la educación pública la que tiene la potencialidad de igualarnos en derechos y en oportunidades, formarnos como seres humanos y transformarnos tanto en nuestro entorno personal como social. No habrá cambio perdurable que no se sustente en una educación pública que fomente principios, valores y los atributos del desarrollo y madurez de nuestra niñez y juventud. La educación pública genera las condiciones de poder comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo y demandante en el cual el conocimiento se ha constituido no solo como el principal vector de cambios y transformaciones sino que hoy representa un factor de desarrollo en sí mismo.
Es por ello que consideramos a la educación como un bien social y un derecho humano fundamental, que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la sociedad. La educación pública contribuye de manera significativa con la cohesión e inclusión social, el resguardo de las condiciones irrenunciables de la vida en democracia, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la convivencia social, la igualdad de género y un profundo respeto por el medio ambiente.
Porque es aquí donde se pone en valor, a través de la educación, el sentido de la cohesión social como un concepto orientador para avanzar hacia sociedades inclusivas, en las que se respeten y hagan efectivo tanto los derechos políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, la cohesión social representa un fuerte elemento de potenciación de la democracia, pues busca canalizar y asegurar el pleno ejercicio de la ciudadanía como condición democrática de la unión de la sociedad y de la autonomía de los individuos.
Por todo ello, reafirmamos una vez más que la educación pública debe ser considerada como una de las políticas de Estado más importante y consolidada por los sucesivos gobiernos de turno. Propiciamos que su fortalecimiento y desarrollo sean un eje central en todos los programas y debates que se sucedan en esta etapa electoral, de tal manera que se encuentre presente de manera destacada en los diálogos de cada argentina y argentino de todas las ideas y de todas las expresiones políticas. Entendemos que la educación debe ganar mayor centralidad en la agenda pública de los próximos meses como parte de una alternativa primordial que contribuya significativamente a superar los niveles acuciantes de pobreza y marginalidad que no podrán ser resueltos solamente en términos económicos.
Para ello, proponemos que cada candidata o candidato exprese a la sociedad qué lugar considera que ocupa la educación pública en sus preocupaciones, qué programas tiene para desarrollarla y cómo fortalecerla. Los silencios en este tema pueden ser presagios de futuros ataques a esta columna vertebral de la Nación.
En estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, de construcción democrática, de destacada formación profesional con conciencia crítica y compromiso social. Desde las primeras horas de la instauración de la democracia en la Argentina, se comienza a transitar el camino de la reconstrucción de las universidades públicas sobre la base de los principios reformistas de 1918 con “el compromiso de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad, garantizando la libertad académica como un modo de asegurar a la universidad su misión creadora” , tal como lo expresa el decreto N° 154, del 13 de diciembre de 1983, del Ejecutivo nacional, mediante el cual se iniciaba el camino para la normalización de las universidades públicas, quedando finalmente consagrados en la Constitución nacional los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades públicas.
Consecuentes con este posicionamiento histórico respecto a las universidades públicas, nuestros y nuestras rectores y rectoras han manifestado, desde el momento mismo de la constitución del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que las universidades fueron y son parte fundamental en la construcción de la Nación.
Motores de su crecimiento intelectual y de su desarrollo social, cultural y económico. Ámbitos de debates, de generación de conocimientos, de transformación social. Un sistema que es fruto del esfuerzo y del aporte económico de toda nuestra sociedad, de las luchas de generaciones de estudiantes, que ha ido modelando a lo largo de la historia sus principios, sus valores y su extraordinario desarrollo institucional.
El compromiso que las universidades públicas han expresado y expresan para con la sociedad y el estado (de las cuales forman parte), se manifiesta todos los días a través de las numerosas y diversas acciones, prácticas, proyectos y programas de extensión y de vinculación tecnológica y de servicios, cuya articulación se plantea con el Estado en sus diferentes jurisdicciones y con las más diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil y con alcance a todo el territorio nacional. Solo para mencionar un ejemplo de este compromiso, fue el importante rol que tuvieron las universidades nacionales y provinciales durante la pandemia provocada por la COVID19 desde el primer momento de su declaración en 2020, donde aportaron solidariamente soluciones en investigación, docencia, extensión y cooperación a través de sus áreas de trabajo y estamentos.
Hoy podemos decir que el sistema universitario público es hijo de los valores de Reforma Universitaria de Córdoba: democracia y cogobierno, libertad de cátedra, extensión y compromiso social, autonomía y desarrollo del pensamiento crítico. Que a lo largo de los años, su amplitud y su mirada inclusiva, garantizan, fruto del decreto presidencial 337 de 1949, el ingreso a sus aulas sin ningún tipo de arancelamiento, no solo para toda nuestra juventud sino para toda persona que, a cualquier edad, sin ningún tipo de restricción por motivos de origen, etnia, culto, género, discapacidad, condición social o ideología política, pueda tener la oportunidad de acceder a estudiar, a crecer, a tener nuevas capacidades y oportunidades personales y, a la vez, mejorar y transformar su entorno social.
A su vez, nuestras casas de estudio son ámbitos de producción de conocimiento, de investigaciones que transforman nuestra vida cotidiana y que representan la mayor parte de los procesos de investigación que se llevan adelante en nuestro país, contribuyendo a la formación permanente de nuevas y nuevos científicos que alumbrarán un futuro con más capacidades productivas, que fortalecerán nuestra soberanía e independencia y que nos permitirán salir de las difíciles condiciones en que nos encontramos hoy.
Estamos muy orgullosos de lo realizado y por esto estamos absolutamente convencidos de que la educación pública en todos sus niveles, con el sistema universitario público argentino en particular, es patrimonio de toda la Nación y se encuentra a su servicio. Es parte inseparable de nuestra sociedad, fruto de sus esfuerzos, y una de las principales usinas de crecimiento y transformación. Somos conscientes de que no todo está bien, que existen múltiples aspectos que deben ser mejorados, que deberemos realizar las necesarias adaptaciones a sociedades en permanente cambio y estamos abiertos a ello, ya que esto forma parte de nuestros desvelos cotidianos.
Argentinas y argentinos, demos prioridad a la educación pública en todos sus niveles en los nuevos tiempos que se avecinan. Vivimos en una sociedad donde la complejidad productiva y la velocidad de los cambios tecnológicos demandan políticas que jerarquicen la inclusión y la calidad educativa de todos los integrantes de nuestro país.
El fortalecimiento de este logro –el que mayor continuidad ha tenido en nuestra Nación en sus más de 200 años de vida independiente, que ha sido el sostén y el pilar de una sociedad integrada– es el que sostendrá la unidad y conformará la fuerza social, cultural y económica necesaria para transformar y proyectar nuestro país, durante este siglo XXI, en una de las naciones más respetadas y destacadas del mundo.
Junio 2023
Monumento a la Bandera
